Los opositores de la Argentina , sumidos en la
depresión de legitimidad intentan la escalada a costa de golpes bajos que le
propinan a los jubilados y a la sociedad en general. El arco opositor, cada vez
más irracional pretende hacer rehenes a los jubilados. La construcción política
no puede cruzar la frontera del increíble patrón antikirchnerista, y arribaron a un ligero
consenso para presentar un proyecto de quiebra del sistema previsional
argentino. Mientras los fondos fueron manejados arbitrariamente por las AFJP, a
ninguno de estos iluminados se les ocurrió un proyecto semejante. Acaso esto
sea porque muchos de estos individuos son garantistas de las cajas de las
corporaciones.
La
verdad histórica es contundente. Muchos de los tutores del demagógico
proyecto son los mismos que recortaron el 13% a los salarios de los
empleados públicos y jubilados en el 2001, fueron participes del
secuestro de los ahorros privados mediante el corralito, y fueron los
gladiadores que defendieron hasta el ultimo segundo el manejo de los fondos por
parte de las AFJP.
El proyecto de los
opositores, adolece de seriedad política porque al consenso marco de
oposición indiscriminada al kirchnerismo, no pudieron sumarle un consenso
especifico sobre la fuente de financiación del incremento en cuestión. Tampoco,
nadie puede garantizar que ese grupo heterogéneo (Grupo A), parcelado en
tantos lotes como dirigentes haya, esté en condiciones de sostener en el tiempo
este proyecto, en el remoto caso que algunos de ellos (de izquierda, centro o
derecha) se encuentre con el milagro personal de ganar las presidenciales del
año que viene.
El ministro de
economía, Amado Boudou señaló que el Gobierno no tiene recursos para elevar la
jubilación mínima al 82 % del salario mínimo ni tampoco para ajustar los
haberes mal liquidados de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema y
estimó que por ambos conceptos produciría un costo para la ANSeS de $ 30 mil millones
anuales y provocaría un déficit equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno
(PBI). Además, el ministro explicó las limitaciones de utilizar el Fondo
de garantía como fuente financiera ya que el 40% de las inversiones del Fondo
de garantía están en papeles y no es factible venderse de inmediato y el 60 %
restante “requiere entre 7 y 8 años para poder realizarlos”. Si hoy se
vendiesen esos activos, a valor actual se recibirían sólo $ 69.930 millones de
los 140.000 millones acumulados, es decir que se perderían $ 74.000 millones
respecto del valor nominal de esos papeles.
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