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| Amado Boudou aplaude las explicaciones de CFK |
Una reparación histórica, un porvenir inclusivo. Efectos económicos y sociales.
Todavía no se cumplió 8 años de
aquella escapada del gobierno de la Alianza tan incapaz para resolver
los problemas argentinos como capaz para encarcelar los ahorros de
los argentinos. Es probable que ni el más optimista imaginara que en este breve
lapso pasaríamos del “corralito” a la jubilación -de quienes estaban en edad de
hacerlo pero que no tenían aportes- primero,
y ahora a la asignación universal por hijo. Es un contraste histórico que sirve
para ordenar las ideas acerca del valor de los gobiernos y de los criterios
para definir las prioridades nacionales, si gobiernan las corporaciones se
administran intereses corporativos, si gobiernan los políticos se toman
decisiones políticas; las decisiones políticas producen efectos económicos y
sociales diametralmente opuestos a las decisiones corporativas.
El “corralito” fue una
filtración de fondos del circuito económico, y un poderoso factor de exclusión
social. La medida tomada por la
Alianza afectó el ahorro, produjo una disminución de las
inversiones, de la producción, y del empleo. Sin empleo se quita el poder
de consumo nacional, con la caída del consumo cayeron las recaudaciones
fiscales, y con esto la coparticipación de las provincias, y abrimos una fase
de necesidad de liquidez para afrontar sueldos de los empleados públicos, por lo cual el consumo fue
condenado a caer a pedazos, un circulo vicioso!
Ahora, las medidas adoptadas por el gobierno de CFK son decisiones de estado que
inyectan fondos al sistema económico, poseen naturaleza inclusiva y conllevan
altos beneficios sociales. La
capacidad de consumo de los argentinos aumentará en virtud que entrará al
circuito económico casi 10 mil millones de pesos al año, y una parte volverá a
las arcas fiscales bajo el concepto de impuestos. El aumento del consumo elevará el nivel de la demanda
agregada, estimándose un incremento de dos puntos porcentuales del PBI por el
efecto multiplicador del gasto, y esto podría sumar un granito de arena para
respaldar el nivel de empleo actual, es decir el
dinero destinado a garantizar la igualdad de los hijos de personas desocupadas
tendrá incidencia sobre los actuales ocupados.
Los opositores utilizan argumentos
muy ligeros, repiten que el gobierno nacional ocupa la plata de los jubilados
para otra cosa. Pero, no es cierto, los fondos inyectados al sistema económico conllevan
una cualidad que permite sostener los niveles de aportes y contribuciones a la seguridad
socia,l por lo cual es
impensable que los haberes jubilatorios corran riesgo de caer como ocurrió
durante el gobierno radical cuando le bajaron el 13%.
Desde el punto de vista social es una medida necesaria y
reparadora pero no será suficiente para combatir a la pobreza estructural. La jefa de Estado aseguró que "el único
instrumento" para combatir totalmente la pobreza es el "trabajo
decente" y dejó claro que "sería una hipocresía pensar" que con
la asignación universal se logrará "erradicar la pobreza".
Dada su naturaleza inclusiva y universal es un punto de partida
para achicar desigualdades porque los
hijos de padres pobres deberán acreditar el cumplimiento del ciclo lectivo, exigencia
para que estos actuales niños no padezcan la horrenda exclusión por falta de un
nivel mínimo de educación, es prepararlos para futuras oportunidades. El costo social de la exclusión es doloroso e impone
un sinuoso camino para combatirla, imaginemos a los padres que a comienzo de
los dos mil perdieron sus trabajos, entraron en la precariedad, y en muchos
casos sus hijos quedaron fuera de las aulas, lejos de las relaciones sociales
de la escuela y más cerca de aquellas otras de las esquinas, y distanciado de
un mínimo aprendizaje para conseguirse en su adultez el digno sustento.
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Por. Cr César López
Abrapalabras
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